Poder evaluar los impactos que ha tenido la pandemia del COVID-19, con base en las experiencias de algunos países que integran la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), se realizó el webinar Experiencia COVID-19: oportunidad para repensar los temas de la seguridad social, el cual fue organizado por la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento (CAAF).

“Hay que reconocer que la seguridad social desde sus inicios ha tenido dos retos muy importantes que son la sostenibilidad económica y alcanzar una cobertura solidaria. Ante la pandemia se ha producido un desequilibrio de las estrategias que los países venían promoviendo (…). Ante la realidad actual nos vemos en una situación en donde hay reducción del empleo y tiene relación directa con la sostenibilidad y afectará a todos los temas. Mucha de la atención de la crisis y de la pandemia ha sido a costa de la seguridad social”, advirtió Daisy Corrales, directora del CIESS.

La licenciada Sonia López Luttmann, subgerente de Prestaciones Pecuniarias del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y secretaria técnica de la CAAF, explicó sobre la actualidad y perspectiva del Sistema de Pensiones Contributivas en Guatemala, en relación con la pandemia del COVID-19.

Durante el webinar la licenciada López Luttmann indicó cómo funciona la Seguridad Social en Guatemala, los modelos de contribución, la cobertura de los Programas de Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) y el de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) y la cantidad de protegidos.

En la exposición se hizo referencia a la alta tasa de informalidad en el mercado laboral del país, por ello la mayoría de la población económicamente activa queda fuera de la cobertura de la Seguridad Social. La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2019 daba cuenta de que el 70.2% labora en la informalidad, equivalente a siete de cada diez trabajadores. Al momento solo el 14% de la población adulta mayor está protegida por el IGSS y el 64% de la población no cuenta con protección económica para la vejez.

En relación con la pandemia del COVID-19 dijo que el Instituto implementó medidas de beneficio al sector patronal para la recuperación económica aprobando el diferimiento del pago de las cuotas patronales de marzo a mayo y una nueva prórroga del beneficio de junio a agosto de 2020 que ha significado una reducción temporal de los ingresos.

En temas macroeconómicos, la reducción de 0.75 puntos en la tasa de interés líder ha afectado el portafolio de inversiones del Programa IVS, pero esto no ha comprometido la estabilidad del sistema de pensiones. Actualmente la erogación de pensiones representa el 76% por el riesgo de vejez, el 19% por sobrevivencia y el 5% por invalidez.

Según la valuación actuarial del 2019 hay una solvencia financiera hasta el 2025 acorde al sistema de financiamiento de pensiones. En 2019 el superávit fue de 35.47% y en el primer semestre de 2020, aunque ha mostrado una leve reducción, se mantiene en el 32.72%.

“Actualmente no se cuenta con información certera de los efectos que pueda causar la pandemia en el decrecimiento de la economía y otras variables como la afiliación, la tasa de interés, de inversión de las reservas y la tasa de mortalidad de los cotizantes. La afectación al programa IVS se estima en menor medida”, refirió López Luttmann.

Posibles secuelas de la pandemia

La subgerente explicó que el Instituto evalúa los posibles escenarios que pueden ocurrir como efectos directos de la pandemia del COVID-19, en los que se podría enfrentar a un mercado laboral más afectado, un incremento de las actividades informales y reducción de trabajadores cotizantes, por ello deben analizarse las maneras para garantizar el financiamiento de la Seguridad Social.

La licenciada aseguró que debe trabajarse en políticas públicas transversales para la protección social, establecer acciones y planes a largo plazo, ampliar la cobertura de la Seguridad Social a otros sectores y evaluar un programa de pensiones complementarias como lo estipula la Ley del IGSS.

Actualmente se evalúa la implementación de un seguro por desempleo, para poder proteger a las familias en situaciones como la pandemia del COVID-19, y un plan de economía preventiva por tema de desastres naturales o emergencias sanitarias.

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“Un sistema de pensiones está íntimamente relacionado con las transformaciones del mercado laboral, la esperanza de vida, cambios demográficos y otras variables que ponen en riesgo su sostenibilidad. Si no consideramos los alcances de los problemas que enfrentamos, si no aprendemos del pasado, de la experiencia de otros países y si no hacemos los cambios necesarios, no cumpliremos el objetivo de que las personas vivan una vejez saludable, activa y con recursos para una vida digna”, mencionó la subgerente.

El IGSS tiene los lineamentos establecidos en su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022, el cual sirve como una hoja de ruta para accionar de manera preventiva ante posibles escenarios positivos o desfavorables. Todas las acciones van encaminadas al cumplimiento de metas que impulsan la salud y la economía preventiva, para que las futuras generaciones se beneficien de una institución sólida que les garantice la protección.