El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) desarrolló en el auditorio la Autonomía de Oficinas Centrales un taller de Actualización de Acceso a la Información Pública, dirigido a su personal.

En la actividad estuvieron representantes de la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entidad que cada año califica la labor que realizan las Unidades de Información Pública (UIP).

Decenas de trabajadores del IGSS se capacitaron sobre la Ley de Acceso a la Información Pública.

Para el período del 2023, el Seguro Social alcanzó una calificación del 92.86 por ciento en cumplimiento, se dio a conocer durante la capacitación.

El licenciado Ángel Mario Santos Monroy, encargado de la unidad del IGSS, destacó que en 2024 esperan superar el criterio de calificación y señaló que el debido cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública forma parte de las acciones que lleva a cabo el Instituto para fomentar la trasparencia y la revisión de cuentas.

La PDH calificó en un 92.86 por ciento por nivel de cumplimiento en la Institución.

Por su parte, las licenciadas Ana Lucía Salvatierra y Ana Lucía Oliva, educadoras en materia de Derechos Humanos, destacaron la responsabilidad que conlleva la Ley, que tiene como objetivo garantizar que toda persona, sin discriminación alguna, tiene el derecho a solicitar y a tener acceso a la información pública en posesión de las autoridades y sujetos obligados.

Entre los principios básicos de la normativa, destacaron la máxima publicidad, transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública, gratuidad en el acceso a la información pública, sencillez y celeridad de procedimiento.

La Unidad de Acceso a la Información Pública del IGSS espera superar este 2024 el criterio de calificación.

La licenciada Carla Mijangos, encargada de despacho del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Publicas del Seguro Social, destacó que esta capacitación es importante como lo ordena el decreto 57-2008, que cita  que todas las personas deben tener acceso a la Información Pública y, sobre todo, que sea de forma gratuita.